La Secretaria de
Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado que la implantación del copago
farmacéutico hospitalario es “uno más de los muchos disparates cometidos por
los responsables del Ministerio de Sanidad” y que no tiene “ninguna
justificación razonable, porque ni contribuye a racionalizar el consumo de
medicamentos, ni sirve como instrumento de financiación adicional”. En su
opinión es “un castigo” que el Gobierno impone a los enfermos, obligándolos a
sufragar su tratamiento médico.
Jiménez ha
destacado la oposición que ha suscitado esta medida tomada unilateralmente por
el Gobierno “sin dialogar con nadie, sin escuchar a nadie y sin acordar con
nadie”. Ha recordado que varias CCAA, algunas gobernadas por el Partido
Popular, ya han anunciado que no la van a aplicar y ha alertado de que su
puesta en marcha generará desigualdades entre los ciudadanos en función de su
lugar de residencia, rompiendo la cohesión del Sistema Nacional de Salud y puede
dificultar el acceso al tratamiento médico porque habrá enfermos que no podrán
hacer frente a esta nueva carga económica.
Para el Portavoz de
Sanidad en el Congreso, Pepe Martínez Olmos, pueden existir “razones ocultas”
que expliquen una medida “tan injusta”. En este sentido, ha apuntado que el
copago de la farmacia hospitalaria abre “una nueva vía de gestión” que puede
aplicarse a otras copagos ya aprobados pero aún no aplicados en productos
sanitarios, transporte no urgente, ortopedias o plantear el copago en los
relacionados con la hostelería y alimentación hospitalaria. “No descartamos que
el Ministerio de Sanidad tenga previsto hacer pagar a los enfermos por su
habitación y su comida”.
Trinidad Jiménez y
Pepe Martínez Olmos han recordado que el PSOE ha planteado una ofensiva para
detener este proceso y ha registrado en el Congreso de los Diputados una
Proposición No de Ley, apoyando la posición de rechazo al nuevo copagomanifestada por diversas CCAA, como Andalucía, Asturias, Canarias o Castilla y
León, en la que se insta al Gobierno a que deje sin efecto la Resolución del
Ministerio.
Asimismo,
se ha presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno para cuantificar
el ahorro previsto, el número de personas que se verán afectadas, así como las
razones que justifican dicha medida y los informes de expertos que avalan la
decisión del Ministerio.
