"No pueden reclamar al Grupo Socialista responsabilidad en torno a esta Ley y, al mismo tiempo, impedir una y otra vez cualquier iniciativa dirigida a pedir explicaciones y obstaculizar el control de la acción del Gobierno", ha reprochado el ponente socialista, José Enrique Serrano.
El Grupo
Parlamentario Socialista votó el jueves, en el Pleno del Congreso, en contra
del Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
“Aunque coincidamos con muchos contenidos de la Ley, esta no es la
Ley del PSOE, por razones de fondo y de contexto”, argumentó el ponente
socialista, José Enrique Serrano.
“Otra ley hubiese
sido posible. Estamos ante un acto fallido en términos políticos”, ha dicho
Serrano. “Respetando la legitimidad de los votos con los que va a salir
aprobada, no es lo mejor que una Ley que se presenta como pieza esencial del
desarrollo institucional y democrático de este país, salga adelante sin el voto
del PSOE”.
Serrano ha
denunciado que “hay una contradicción insalvable entre la apelación a la Ley de
Transparencia como el bálsamo de fierabrás de todos los males que en los
últimos tiempos afectan a nuestro sistema político, y la práctica del grupo
mayoritario de obstaculizar el ejercicio por esta Cámara de una de las
funciones que expresamente le otorga la Constitución: controlar la acción del
Gobierno”.
“No pueden reclamar
al Grupo Socialista responsabilidad en torno a esta Ley y, al mismo tiempo,
negar e impedir una y otra vez cualquier iniciativa dirigida a pedir
explicaciones”, ha reprochado al PP.
COMPROMISO DEL PSOE Y
VOLUNTAD DE CONSENSO
“Trescientos
setenta días hemos dedicado a tratar este Proyecto del Ley en esta Cámara”, subrayó
el ponente socialista, un largo proceso en el que “el grupo socialista ha
compartido con el Gobierno y con los grupos parlamentarios la necesidad de
abrir el texto original a nuevos ámbitos, incorporar mayores compromisos,
imponer nuevas obligaciones, aceptar más aire fresco”.
“Sabíamos que una
buena Ley de transparencia ni iba a acabar por sí misma con la corrupción, ni
iba a erradicar de inmediato prácticas y procedimientos anclados en la
administración”, ha admitido, “pero teníamos el convencimiento de que una buen
Ley de transparencia sí iba a dificultar la corrupción, sí iba a cambiar la
forma de actuar de las administraciones, y sí podía dar respuesta a la
reclamación de participación, a la exigencia de información, a la toma de postura
consciente sobre programas y compromisos políticos, y a la voluntad de
protagonismo que domina entre los ciudadanos”.
“Nadie podrá negar
el compromiso activo del PSOE en estos objetivos” -un compromiso que se
trasladó a las 67 enmiendas presentadas por los socialistas- ni la “voluntad de
acuerdo y pacto que hemos buscado y mantenido, incluso cuando en el 10 de julio
los ponentes socialistas abandonamos las labores de la ponencia. Eso no
significó una ruptura de los acuerdos alcanzados”, aseguró Serrano.
NINGUNA ENMIENDA SOCIALISTA
ACEPTADA
José Enrique
Serrano, que se ha quejado de que “ninguna de nuestras enmiendas ha sido
formalmente acogida en el texto”, ha defendido las 20 que el Grupo Socialista
mantiene vivas para su votación en el Pleno, en las que se reclama, entre otras
cuestiones, que las administraciones tengan la obligación de hacer públicas sus
relaciones de puestos de trabajo, sus procedimientos administrativos, sus
cartas de servicios, y los contratos de alta dirección que se celebren en el
sector público. Asimismo, hacer público no sólo su patrimonio inmobiliario,
sino también las acciones o participaciones de capital que tengan sociedades
mercantiles. Y para dar sentido a los trámites de información pública que
prevén las leyes de procedimiento –explicó- “queríamos que se hiciese público
un resumen de alegaciones formuladas y el rechazo o aceptación de las mismas”.
También se
pretendiamos los socialistas asegurar la publicidad de los contratos celebrados
por las administraciones, así como de sus incidencias, en todas las actuaciones
urbanísticas; garantizar la publicidad de todos los elementos relacionados con
las campañas institucionales de publicidad; que las entidades que prestan
servicios públicos, sobre todo en educación, sanidad, y servicios públicos,
tuviesen que explicar públicamente cómo lo hacen y en qué condiciones; mandatar
al Gobierno la regulación de la actuación de los lobbies; y adecuar el
Reglamento del Congreso a los principios de la Ley, para aplicar las pautas de
transparencia no sólo a su actuación económica y administrativa, sino también
al quehacer de fondo del Parlamento.
Finalmente, el
ponente socialista rechazó que “un Gobierno con mayoría absoluta sugiera que el
presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sea elegido por mayoría
absoluta y no por mayoría reforzada” y se mostró preocupado por “cómo va a
incidir en la estabilidad de los ayuntamientos la aplicación de las normas de
buen gobierno que se contienen en la Ley al único supuesto de todo el panorama
institucional en el que la condición de alto cargo y cargo electo coinciden,
como son los concejales”. Igualmente, consideró que “no puede ser una
prohibición de designación para ser cargo público en todos ámbitos como sanción
impuesta por órganos administrativos”.
