Celebramos este 6
de diciembre el 35 aniversario de la Constitución Española de 1978 que fue
fruto del generoso acuerdo de todas las españolas y españoles, y que nos ha proporcionado
el marco más largo de convivencia estable de nuestra historia.
Este aniversario se
celebra en un momento extraordinariamente difícil para muchas personas que se
sienten azotadas por una grave crisis económica, cuya consecuencia dramática es
la perdida de cualquier expectativa vital. Esta crisis económica ha derivado en
una preocupante desafección de la ciudadanía hacia la política y en una
progresiva desconfianza hacia las instituciones.
Los hombres y
mujeres socialistas hemos escuchando, con sumo respeto y atención, este incesante
clamor ciudadano y queremos que esta celebración no sólo sirva para hacer un homenaje
retórico a la Constitución sino también para proporcionar respuestas constructivas
a los múltiples problemas que aquejan a España y a los anhelos de su
ciudadanía.
Hasta el momento,
las reformas promovidas en los dos últimos años han debilitado las estructuras
del Estado de Bienestar, recortado derechos sociales, laborales y servicios públicos.
A partir de ahora, estamos viendo la llegada de una oleada de leyes y de
políticas que pueden afectar gravemente a los derechos civiles, políticos y a
las libertades y garantías que se fundan en la Constitución que hoy
conmemoramos.
El principal
problema de nuestro país sigue siendo la crisis económica y los casi seis
millones de hombres y mujeres sin empleo. Por eso proponemos un pacto contra la
crisis, que haga del crecimiento, la creación de empleo y la mejora de nuestra
competitividad, una prioridad política. Este pacto se concretaría en una
Estrategia Global de Recuperación que siente las bases para la reactivación
económica e impulse la creación de empleo de calidad.
Nuestra propuesta
para la salida de la crisis económica defiende, además, un planteamiento solidario,
que incluya a toda la ciudadanía, preservando la igualdad y evitando la construcción
de una sociedad dual, que trata de forma desigual a los ciudadanos y ciudadanas
en función de su capacidad económica.
En este Aniversario
tenemos la obligación de defender el estado del bienestar, y un sistema público
de calidad para la sanidad y la educación que garantice la igualdad de
oportunidades y la cohesión social.Los hombres y mujeres socialistas
sostenemos, asimismo, la necesidad de combatir con todos los medios a nuestro
alcance el rostro más perverso de la desigualdad: la violencia de género.
Proponemos una
reforma estructural del sistema fiscal, que pasa por un conjunto articulado de
medidas: el rescate a los parados, los pensionistas y a los trabajadores y
trabajadoras con hijos a su cargo, con el objeto de que no paguen el impuesto
sobre las rentas de las personas físicas y tengan un aumento de su renta
disponible; el aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas; el
incremento progresivo del impuesto de sociedades; y la elaboración de una Ley
Antifraude, que corrija los vacíos legales o de interpretación descubiertos por
la inspección fiscal.
Recuperar la
confianza en las instituciones requiere medidas decididas y claras. Un combate eficaz
contra la corrupción hace imprescindible la reforma de la Ley de financiación
de los partidos políticos, con filtros eficaces en la prevención y con un
endureciendo de las sanciones administrativas y penales.
Del mismo modo, la
desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas hace necesaria una
mayor transparencia y una mejor explicación de la gestión de todos sus representantes.
La transparencia tiene que afectar a todas las esferas políticas e institucionales,
empezando por los miembros del Gobierno y los cargos de confianza, los cargos
electos, la Casa del Rey, los órganos constitucionales, los partidos políticos,
los sindicatos, las organizaciones empresariales, las confesiones religiosas,
las empresas concesionarias de servicios públicos, las fundaciones públicas y
todas aquellas entidades sociales e institucionales que reciban fondos
públicos.
Los derechos y las
libertades que ha consagrado nuestra Constitución han servido para que construyamos
una democracia sólida y madura, que nos permite hoy hacer real el espíritu constitucional
y propugnar la neutralidad del Estado en materia religiosa y que prevalezca la
laicidad en los
espacios públicos. Al mismo tiempo que el Estado garantiza los derechos y el ejercicio
de la libertad religiosa de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad.
La actual tensión
territorial de nuestro país necesita la respuesta de una democracia madura, que
fortalezca y estabilice nuestro marco de convivencia y preserve la cohesión de nuestra
sociedad. Entendemos que una propuesta federalista puede permitir solventar las
actuales disfunciones y tensiones de nuestro Estado de las Autonomías, dando
una mejor cabida a las diferentes singularidades de nuestros territorios,
reforzando la necesaria cooperación entre las Comunidades Autónomas y
preservando la igualdad de todos los españoles y españolas.
Un balance sosegado
de los 35 años de democracia nos da un resultado positivo que debemos saber
transmitir a las generaciones más jóvenes. España ha conseguido las mayores
cotas de libertad e igualdad, y el periodo más largo de convivencia pacífica de
su historia. Para preservar todo lo que juntos hemos conseguido, propugnamos en
este Aniversario que juntos adaptemos la Constitución de 1978 a la experiencia
acumulada y a la realidad del siglo XXI, lo que permitirá que las próximas
generaciones reciban un marco constitucional de convivencia mejor dotado para
afrontar los retos del futuro.
