El próximo 28 de
diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de
los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida
como “Ley Integral” ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género
en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional.
De hecho, el pasado
15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del
Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones
ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las
mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia
ejercida contra las mujeres y las niñas.
Las tres
instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las
más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia
sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas
más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La Ley Integral,
impulsada por el Gobierno Socialista, supuso su apuesta inequívoca por la lucha
contra la violencia de género, la defensa decidida de la ciudadanía en las situaciones
de máxima vulnerabilidad y dio un tratamiento integral y sistemático a la lucha
contra la violencia de género, con tres objetivos claros:
- Prevenir la violencia de género, y apoyar y proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas menores.
- Perseguir a los agresores.
- Sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de combatir la violencia de género, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.
Los diez años de
andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los
detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última
Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando
que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o
denuncia falsa supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir las
voces que se alzan en torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en
materia de violencia sobre la mujer”. Y el balance de la aplicación de las
medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestra la necesidad de
mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo.
Sin embargo, a
pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la Ley
Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos
lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres fueron
asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos cuatro
años.
Frente a esta
realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus continuos
recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura)
y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del
PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan
contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente
como Ley Wert o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local por poner solo dos ejemplos.
Así, con la
eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía (LOMCE, Ley Wert),
que formaba en valores a los futuros ciudadanos y ciudadanas, como son el respeto
y la dignidad de las personas, y la igualdad entre hombres y mujeres se elimina
la mejor medicina contra la violencia de género: la prevención. En sentido
contrario, el PP apoya la educación segregada por sexos.
Por su parte, la
Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e
impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias
que los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y
Violencia de Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la
atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo
específico, que realizaban los servicios sociales municipales.
También el Proyecto
de reforma del Código Penal muestra la falta de una decidida respuesta penal
del Gobierno ante la violencia de género al eliminar completamente el concepto
violencia de género de su articulado, al rebajar la gravedad del delito de lesiones
y al continuar sin excluir expresamente la mediación en los supuestos de violencia
de género, como indican la Ley Integral contra la violencia de género y los tratados
internacionales. Además, el proyecto exige que se presente una denuncia para poder
perseguir las lesiones menores, cuando éstas son los primeros indicios o
alertas de posibles casos de violencia de género.
Otras reformas que
atentan contra el espíritu de la Ley Integral y contra las garantías de
protección de las víctimas son el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima
del delito, que obliga al reembolso de los gastos causados a la Administración,
en caso de absolución o sobreseimiento, cuando el 40% de las sentencias
dictadas en violencia de género son absolutorias y la anunciada Ley de Custodia
impuesta, en el caso de separación o divorcio, cuando, por promedio desde 2009,
el 75% de las mujeres no denuncian malos tratos y escapan del maltrato a través
de la ruptura con su pareja.
El Gobierno del PP
está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo
porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de
género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos,
legales y simbólicos.
La Ley Integral
está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha hecho
desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de
género de sus prioridades. La demostración más evidente de esa falta de
voluntad política del Gobierno del PP de atacar las raíces y luchar
decididamente contra la violencia de género se viene manifestando en los
Presupuestos Generales del Estado. Para 2015 se sigue manteniendo en “números
rojos” la partida destinada a la lucha contra la violencia de género, que
soporta un recorte del 22% desde la llegada al Gobierno del PP.
Por todas estas
razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de
género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el
sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas
que se han ido desmantelando en los
últimos años.
Cuando el 17 de
diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de
noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía
respecto a la violencia de género en este día de celebración internacional.
Es una invitación
explícita al rechazo de la violencia de género por parte de toda la sociedad y
el PSOE la hace suya porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres
debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Porque el PSOE es un partido
libre de violencia. Porque es nuestro compromiso, son nuestros valores.
